DIGÁMOSLO CLARO: ESTO HA LLEGADO AL LÍMITE

El affaire de Ponferrada con la moción de censura pactada entre ediles del PSOE y el exalcalde popular Ismael Álvarez, condenado en 2002 por acoso sexual, es una gota más que colma en el vaso de la paciencia de quienes están hartos de las aberraciones en el ámbito político de este denostado país, la mala praxis de políticos movidos por dudosos intereses y las actitudes prepotentes o incalificables como el pulso que mantiene el PP con Luís Bárcenas sin que nadie en el partido (y aun menos en el Gobierno) se atreva a llamar a las cosas por su nombre y reconocer que su exsecretario les está chuleando y chantajeando mientras ellos actúan con la cautela propia de quien siente miedo.

Y es que, la cadena de acontecimientos iniciada en 2009 con la trama Gürtel sigue sorprendiéndonos cada día –a quien esto escribe ya le cansa– con unas noticias más y más kafkianas que nos hacen sentir en las manos de delincuentes de cuello blanco y Rolex de oro en la muñeca contra los que nada se puede –nada se sabe, nada se quiere– hacer para restituir la dignidad que el país y la sociedad en general ha perdido como consecuencia de la corrupción.

España convertida en un hazmerreír internacional

España se ha convertido en un esperpento de cara a la opinión pública internacional. Quienes están en la cúpula del tinglado que es el poder político, no dicen mas que tonterías y ambigüedades sin explicar razonadamente cuestiones tan simples como por qué un individuo como Luis Bárcenas ha podido enriquecerse tanto y en tan poco tiempo.

La situación rebasa los límites del surrealismo y deja desnudo y al descubierto a un pobre Mariano Rajoy, devaluado y presto a obedecer ordenes de Alemania mientras lleva como puede el miedo que siente ante quien fuera el presunto testaferro de su partido.

Es evidente un progresivo deterioro de las instituciones públicas. Hasta en la monarquía nos encontramos con un Rey díscolo –aunque arrepentido– enfrentado a un yerno desmandado y ambicioso que tiene en jaque a un monarca que, no lo olvidemos, es un hombre de carne y hueso al que, inconcebiblemente,  la Constitución le confiere una anacrónica y medieval inmunidad que al parecer ha hecho extensiva a una de sus hijas, la no imputada Cristina.

Es necesaria una sociedad civil comprometida

La situación global (las peores cifras de paro jamás imaginadas, recortes drásticos en el estado de bienestar, desaparición progresiva de las clases medias, desahucios, suicidos…) ha llegado a unas cotas de alarma social tal altas que se impone la necesidad de una sociedad civil comprometida que deposite su confianza en una clase política que sea capaz de acabar con la corrupción y adoptar medidas valientes que –por poner un ejemplo– beneficien a quienes son desahuciados de sus casas por culpa de la crisis en lugar de inyectar capital a quienes crearon la debacle y encima los desahucian.

Ni los partidos actuales ni los políticos que forman parte de ellos parece que sean los más adecuados para sacar a los españoles del agujero negro en que ha caído el país. Al menos no si perseveran en su actual modo de actuar. Hay quien aboga porque surjan nuevos partidos, aunque tal vez sería más simple que se reconstituyeran los ya existente y se diera paso a una nueva generación de políticos profesionales, honestos y sensibilizados con lo que ocurre en el mundo real.

Son necesarios nuevos políticos y nuevas formas de hacer política

Son necesarios políticos de nueva casta, políticos de vocación que no consideren su beneficio personal como un objetivo prioritario. Unos políticos valientes que se atrevan a luchar contra la corrupción y las injusticias sociales. Que, por supuesto, estén bien pagados pero no de un modo desproporcionado. Se deberían establecer para ello unos topes tanto en el ‘suelo’ como en el ‘techo’ de sus salarios a fin de que nadie entrara en la política para enriquecerse ni tampoco la gestión pública se perdiera a un buen profesional por no poder pagarle de acuerdo a su valía. El beneficio de pagar bien a un político redunda en un provecho para la sociedad, mientras que pagarle desorbitadamente o permitir que se enriquezca delinquiendo, desestabiliza y denigra el sistema.

Incompatibilidad absoluta entre lo público y lo privado en los políticos

Sería necesaria una incompatibilidad absoluta –y hasta vitalicia como en algunos países– entre lo público y lo privado de tal modo que, al dejar la política, se impidiera a quien la ejerció que se relacione con el ámbito privado (y no como ahora que a los salientes se les regalan cargos en empresas tipo Endesa, Telefónica o también en entidades financieras). Podrían incluso pactarse retribuciones complementarias vitalicias para quienes dejen la política a cambio de que no se vinculen en su futuro profesional con empresas que guarden relación con sus antiguas competencias en la gestión pública. Estos planeamientos, que escandalizarán a muchos, son a larga ética y económicamente rentables. Mas bien, muy rentables.

Políticos que asuman sus responsabilidades

Debería exigirse a los políticos que asumieran las responsabilidades inherente a sus actuaciones (tanto éticas como civiles y penales) de tal modo que si incumplen sus promesas electorales (a las que debería conferirse un valor contractual), prevarican o quebrantan cualquier ley, la justicia les investigue ipso facto –sin aforamientos ni prebendas inherentes a su condición– y los aparte de su cargo hasta que se demuestre su culpabilidad o inocencia tal cual sucede cuando se sospecha que un policía pueda ser corrupto y se le aparta del servicio mientras es investigado.

Urge una respuesta colectiva de la ciudadanía

Siendo que no parece haber un sistema mejor que la democracia, deberíamos impedir que este sistema se deteriore, se desarticule y hasta se descomponga como ocurre con la corrupción que afecta a nuestro país, un país que no es corrupto en su esencia sino solo víctima de la corrupción de algunos de sus políticos, empresarios, financieros y hasta ciudadanos de poca monta.

Además de quejarse y rasgarse las vestiduras en tertulias de barra de bar y acudir a manifestaciones para  gritar contra la corrupción y los recortes, los ciudadanos, en vez de volver a sus casas y esperar a que otros resuelvan sus problemas, deberían unirse en una respuesta colectiva en forma de participación activa en organizaciones representativas donde sea posible dar cauce a sus reivindicaciones. 

Si esto fuera así, las cúpulas de los partidos, el comportamiento de los políticos, la utilidad de los sindicatos, la relación del mundo empresarial con los trabajadores y hasta la banca cambiarían radicalmente en su forma de actuar. Y los beneficiados serían quienes ahora más sufren las consecuencias de la crisis.

Que nadie lo dude.

Alberto Soler Montagud