LA TRAMA GÜRTEL PODRÍA QUEDAR EN NADA

Ante la posibilidad de que se declaren ilegales las escuchas telefónicas ordenadas por el juez Baltasar Garzón y que afectan a las conversaciones mantenidas desde la cárcel entre los cabecillas de la trama Gürtel y sus abogados, podría llegar a anularse la totalidad del proceso que implica a varios líderes del PP y cuestiona la legalidad de la financiación del partido conservador.

En base a la Teoría de los frutos del árbol envenenado (aquellas pruebas obtenidas de modo ilícito, en este caso por escuchas ilegales que vulneran el derecho a la defensa, se considerarán ilícitas y carecerán de valor judicial), los abogados defensores podrían solicita la nulidad total o parcial de las investigaciones llevadas a cabo como consecuencia de las mismas.

Es de justicia reconocer el derecho que asiste a un presunto delincuente a ser defendido por un letrado así como preservar la confidencialidad de las conversaciones que abogado y cliente mantengan entre ellos. Sin embargo, la ley se muestra flexible cuando admite que dichas conversaciones pueden ser intervenidas si al juez le constan indicios de la comisión de un delito, sospecha de complicidad del abogado defensor o en aquellos casos de delito por terrorismo en los que ni siquiera sería preceptiva una orden judicial para llevar a cabo las escuchas.

Si aplicamos la lógica mas simple y racional podemos llegar a la conclusión de que un delito no deja de existir porque haya sido descubierto a partir de una investigación con errores de forma. El razonamiento sería: "la investigación no se ajusta a ley, pero el delito existe y los responsables de su comisión también, ergo, merecen un castigo".

¿Que hacer entonces cuando la simple probabilidad de que un personaje como Francisco Correa pueda quedar en libertad sin cargos y que unos políticos corruptos vean como se archivan los casos incoados en su contra?

Esta situación produce un rechazo visceral que opone, en conflictiva confrontación, la sed de justicia y el reconocimiento de algo tan inalienable como el derecho a una justa defensa.

Esta claro que el fin no debe justificar los medios, y más cuando estos resultan ilícitos para la obtención de pruebas de culpabilidad, ya que esta situación nos equipararía a un estado policial y pondría en peligro los cimientos de la democracia.

Intentaré plantear la situación de otro modo formulando dos preguntas:

¿Resulta creíble que alguien con una demostrada e incuestionable inteligencia, como es el caso del juez Baltasar Garzón, pueda haber cometido el error de ordenar unas escuchas que, sin duda, serían recurridas por ilegales?

¿A quien, o a qué estamento, puede beneficiar un error judicial de tal magnitud (si es que llega a determinarse que efectivamente lo ha sido) además de a los propios imputados?

Que cada cual saque sus propias conclusiones.