Resulta inquietante que algunos sectores de la Justicia española se muestren reacios (o francamente contrarios) a investigar algunos crímenes perpetrados durante el franquismo al amparo del poder absoluto.
Tal parece como si la Ley de Amnistía de 1977 (aun vigente) se enarbolara como una patente de corso capaz de borrar de un plumazo ciertos hechos de nuestro pasado reciente.
¿A quien puede beneficiar que no se investiguen ni salgan a la luz unas verdades que permitirían la justa reparación moral de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura?
¿Por qué al mismo juez Garzón, a quien se le permitió investigar en Chile, quiere impedírsele que proceda igualmente en su propio país?
¿A quienes (y en qué) beneficiaría el procesamiento de Baltasar Garzón?
Nada más lejos de mi intención poner sobre la mesa preguntas retóricas de esas cuya respuesta va implícita en su planteamiento . Solo aspiro a trasladar al lector unas dudas personales que le incentiven en el sano ejercicio de la reflexión sobre todo ahora cuando el Tribunal Supremo prefiere ignorar un Tratado Internacional firmado por España en el que se impedía la posibilidad de una Amnistía en casos de genocidio o crímenes contra la humanidad.
¿Que está ocurriendo?
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