La última sorpresa del ‘partido del
pueblo’ ha sido la publicación en el BOE de una ley que regula determinadas
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. Según el ex-centrista
Gallardón, las tasas judiciales se crean para “desatascar los juzgados” y sin
“afán recaudatorio”, aunque abogados, fiscales y jueces las consideran anticonstitucionales,
se han manifestado en su contra en las calles de varias ciudades y han pedido la dimisión de Alberto
Ruiz-Gallardón.
Comunicado de
FACUA
Los ‘populares’
se han dado prisa en defender el gallardonazo
asegurando que lo que se recaude con estas tasas garantizará “la asistencia
judicial gratuita a los ciudadanos que menos tienen" y solo se aplicarán a
los ciudadanos que dispongan de "más recursos”.
Sin
embargo, con igual celeridad, la asociación de consumidores FACUA ha desmontado estos ‘sociales’
argumentos dando a conocer que con esta ley tendrá que pagar 200 euros quien quiera reclamar una
multa de tráfico 150 euros; o desembolsarse 312,50 euros al querellarse por la
cancelación de un vuelo de una cuantía de 2.500 euros o bien abonar 715 euros
si se pleitea por 3.000 euros de intereses cobrados abusivamente en un crédito
o hipoteca.
El PP se empecina en el carácter ‘social’ del tasazo
Sin embargo, el PP, erre
que erre, insiste en la ‘bondad’ de las nuevas tasas y asegura que se
reembolsarán cuando “los tribunales den la razón a quien inició el
procedimiento", pero no explican que solo quienes tengan dinero suficiente
para pleitear serán quienes se beneficien del hipotético reembolso.
También dicen los
‘populares’ que quienes "realmente no tienen recursos" quedarán
exentos de pagar las tasas para que "no se vulnere" su derecho de
acceso a la Justicia.
Pero de nuevo, FACUA les desmonta sus falacias ‘sociales’ al aclarar que solo se beneficiarán
de esta exención quienes ganen menos de 15.975 euros anuales. Es decir, que
según los ingresos medios de las unidades familiares donde aun se trabaja,
estas tasas se han diseñado para exprimir aun más las extenuadas ubres de las
clase medias hasta hacerlas desaparecer.
Exprimir a
muchos en beneficio de pocos
La nefasta gestión de una derecha que parece
gobernar solo en beneficio de una oligarquía y no del ‘pueblo’ (de quien dicen
ser su ‘partido’), ha conseguido que un nuevo derecho social deje de ser
asequible a todos. Es como si desmantelar el estado del bienestar fuera el objetivo
prioritario de esos neoliberales que dicen ser de centro.
Desde
hace un año, en España se gobierna a golpe de decretos-leyes que merman los derechos y el bienestar que tantos años y
sufrimientos han costado. Y precisamente en este contexto, agravado por una
crisis económica global, el gallardonazo
propone una jugada perfecta: elaborar nuevas leyes para que los pobres no puedan
denunciar ante la justicia los tejemanejes de quienes se benefician de una
política neoliberal y nepotista.
¿Quien protegerá a los pobres de nepotismos
y corruptelas institucionales?
Pongamos
un ejemplo: el Ayuntamiento de
Madrid de la señora de Aznar está a punto de desalojar (en diciembre) a 120
familias que viven de alquiler desde hace décadas en edificios de protección
oficial del centro de la ciudad. La idea es vender los inmuebles a buen precio
a una empresa con problemas de solvencia en la que —‘casualmente’ según la
alcaldía— ejerce como consejero el marido de María Dolores de Cospedal.
Todo
apunta a que, con el veto económico de acceso a la justicia, los poderosos van
a gozar de una impunidad aun mayor que la que ahora respalda sus fechorías. Y a
quien no le parezca bien, si tiene dinero que pleitee contra ellos y si no, que
se aguante.
Acabar con la clase media
Privar
de tantos derechos a la población evoca el recuerdo de ciertos partidos totalitarios
que utilizaron la democracia para acceder al poder mediante unas urnas que luego prohibieron.
Así, la proliferación
en Europa de grupos neofascistas es un hecho que preocupa tanto como que,
quienes dicen ser demócratas, utilicen unas estrategias de gobierno
sospechosamente parecidas a las que la extrema derecha aplicaría si pudiera
hacerlo.
La actual legislación hipotecaria y los desahucios en masa han conseguido que la gente empiece a suicidarse; los recortes a la sanidad y a las ayudas a la dependencia podrían aumentar las tasas de morbimortalidad de los grupos poblacionales más afectados, y con las implantación de las tasas judiciales, quienes no puedan acudir a la justicia tal vez protagonicen una oleada de acciones de ‘justicia alternativa’ al recurrir a la Ley del Talión y no al Código Civil o Penal.
Se está estrujando a las clases medias mientras los políticos y los ricos viven en un mundo aparte, muy por encima las posibilidades de quienes sufragamos su buena vida. Tanto es así que parece inevitable que se desencadenen acciones para detener una espiral de locura que lleva a muchos a decir: “Si somos millones y ellos apenas unos miles, si somos más decentes y nos ampara la fuerza de la razón, ¿Porque tenerles miedo entonces? ¿Por qué permitir que nos sigan controlando”.
Se está estrujando a las clases medias mientras los políticos y los ricos viven en un mundo aparte, muy por encima las posibilidades de quienes sufragamos su buena vida. Tanto es así que parece inevitable que se desencadenen acciones para detener una espiral de locura que lleva a muchos a decir: “Si somos millones y ellos apenas unos miles, si somos más decentes y nos ampara la fuerza de la razón, ¿Porque tenerles miedo entonces? ¿Por qué permitir que nos sigan controlando”.
A modo de despedida, una sonrisa
Como
es sabido, a los políticos les encantan los eufemismos y también los sinónimos.
Por ello, y siendo que a un ministerio se le conoce también como ‘cartera’ ¿no
deberíamos llamar ‘carteristas’ a los ministros que dictan leyes destinadas a
vaciar sin piedad el bolsillo de los contribuyentes?
Alberto Soler Montagud
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