(1) La Generalitat Valenciana más surrealista que nunca.
No hace mucho, la Comunidad valenciana fue noticia por su rechazo a la asignatura de "Educación para la Ciudadanía" y la salomónica decisión adoptada por la Conselleria de Educación de impartirla en inglés con un profesor de filosofía hablando en español (o valenciano) y otro de inglés encargado de traducir lo que se le decía a unos alumnos más perplejos que interesados por la disciplina.
Pues bien, de nuevo la lógica del absurdo más surrealista se ha instalado en las mentes pensantes de la Generalitat Valenciana, esta vez con el agravante de la “tortura psicológica” que podría suponer una campaña de coacción con la que el Ejecutivo que preside Francisco Camps quiere llevar “al buen camino” a las mujeres que decidan abortar.
A diferencia de otros gobiernos, como los de Murcia y Navarra que han optado por la insumisión y derivarán a las pacientes a otras autonomías cuando quieran abortar, la Generalitat Valenciana no ha sido “tan valiente” y ha optado por “cumplir la ley” con la ayuda de un sibilino plan que, de llevarse a cabo, entrará en los anales de las técnicas de tortura perpetradas por los gobiernos contra los ciudadanos que discrepen de sus principios éticos y/o ideológicos.
(2) El Consell disuadirá a las mujeres que quieran abortar mostrándoles imágenes 3D de fetos vivos y muertos.
Una nueva cruzada se ha puesto en marcha en el levante feliz encaminada a preservar los “valores morales” que defiende la iglesia Católica y el Gobierno valenciano. La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, ha anunciado que cada mujer que quiera abortar en la Comunidad Valenciana recibirá "información visual tanto del proceso de interrupción del embarazo como de la formación de la vida a través de cualquier formato gráfico como ecografías en 3D, sin descartar videos".
Según se desprende de las palabras de la portavoz de la Generalitat a la mujer que quiera abortar se le mostrarán imágenes de embarazos interrumpidos (fetos muertos) para disuadirlas de su decisión, así como también de fetos vivos y felices iguales a los que las "buenas madres" pueden contemplar en la pantalla del ecógrafo de su ginecólogo.
Maticemos que el Consell no ha tardado en rectificar-matizar las palabras de Sánchez de León atribuyendo a un “error de comunicación” que la portavoz hablara de imágenes de fetos muertos: “La Generalitat entregará material gráfico sobre el proceso de gestación en los centros sanitarios, y sólo habrá imágenes de gestación”, aseguraron fuentes del Consell.
Según el conseller de Sanidad Manuel Cervera (quien al parecer pertenece discrepa de esta línea de actuación y se muestran partidario de dejar a un lado ideologías y limitarse a cumplir la ley tal y como está) las citadas imágenes formarían parte de un dossier que se entregaría a las mujeres “para que puedan reflexionar durante tres días previos a la interrupción el embarazo”. Parece muy probable que, de llevarse a cabo la medida anunciada por los populares valencianos, el Ministerio de Sanidad la impugnaría apelando a la objetividad y la neutralidad de la información que se vaya a suministrar a las mujeres.
El conseller Cervera ha insistido en que cualquier información adicional a la prevista por la ley del aborto será solo “un añadido positivo para ayudar a estas mujeres en la toma de su decisión”.
También el conseller de Medio Ambiente Juan Cotino (reconocido y destacado miembro del Opus Dei) ha opinado al respecto situándose al frente de quienes defienden que con esta medida se ayudará a las mujeres valencianas a “tomar su decisión con libertad”. Cotino aprovechó para manifestar que “desde que un médico certifica que existe una vida, existen dos seres humanos, la madre y el hijo que lleva dentro”.
(3) El porqué de esta polémica medida
Según palabras de la señora Sánchez de León, con este plan, el Consell quiere defender el ”derecho a la vida” que no contempla una ley del aborto que solo garantiza “el derecho a la no-vida”.
La portavoz del Gobierno valenciano insiste en que solo se pretende “informar” a las mujeres sobre “la trascendencia ética de su decisión” y las “consecuencias médicas, psicológicas y sociales” de la misma. Sin embargo, a la señora Sánchez de León se le olvida que el deber del Gobierno al que pertenece no debería ir más allá de asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes que aprueba el Parlamento y hacerlo con neutralidad y sin sesgos ideológicos.
Tampoco parece tener claro la señora portavoz que ”informar” a una mujer que va a abortar no equivale a imbuirle la ideología de la iglesia Católica, sino aportar datos no contaminados por sesgo moral alguno, para que ayuden en la difícil toma de una decisión trascendente y asegurarle a la mujer el apoyo psicológico que pueda necesitar a posteriori.
En cualquier caso, la señora Sánchez de León, el señor Cotino y todos aquellos que piensan como ellos deberían tener muy en cuenta el respeto que merece cualquier mujer y su derecho a que no se le “acose y persiga moralmente a las mujeres [ya que] abortar no es un placer sino una dolorosa decisión” tal y como manifestó el secretario general de los socialistas valencianos Jorge Alarte.
(4) Cuando lo surrealista se convierte en kafkiano y la administración en nacionalcatólica.
No contentos con lo anteriormente expuesto, la portavoz Sánchez de León anunció la intención de crear una "comisión de expertos que redacte una normativa autonómica que regule la objeción al aborto" y que permita que los funcionarios no sanitarios puedan ejercer un “derecho” a la objeción que la ley no les otorga por no contemplarse para el estamento no sanitario.
Es decir, que cuando la mujer que vaya a abortar haya superado la sesión de fotos, y tal vez de vídeos, en su centro de salud, podría darse el caso de que cuando vaya a presentar en registro la documentación de su solicitud, el funcionario que le atienda se niegue a darle curso apelando a su conciencia.
Una metáfora como reflexión final.
Imaginemos a un médico que habitualmente informe a los pacientes que van a someterse a una prueba, un tratamiento o una operación para que estos estén en condiciones de firmar, o no firmar, el “consentimiento informado” previo al acto médico.
Imaginemos también que, de pronto, este médico se convirtiera a una secta que fuera reacia a la cirugía y que dejara solo “en las manos de Dios” la curación de los enfermos
Sigamos imaginando y contemplemos la posibilidad de que el facultativo en cuestión, en lugar de informar con neutralidad y profesionalidad a los pacientes, se dedicara a hjacer proselitismo de su secta y se ensañara asustando y amenazando a los pacientes con las peores complicaciones que podrían producirse como consecuencia de la intervención a la que se van a someter, así como también les obligara a ver diapositivas de los efectos secundarios mas horrendos y hasta de autopsias realizadas a pacientes fallecidos por las complicaciones secundarias a una intervención como la suya.
Ya por último, imaginemos que este facultativo fuera expedientado por un comité deontológico, y que como defensa, alegara su "derecho" a actuar según sus creencias religiosas y a objetar a que se intervenga a los pacientes en base a lo que predica la secta a la que pertenece.
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