La polémica está servida. Tras filtrarse
el borrador de un proyecto
por el que el Ministerio de Sanidad pretende modificar la regulación de los
tratamientos de reproducción asistida (TRA), las reacciones de protesta no se
han hecho esperar al saberse que la sanidad pública sólo financiará estas
técnicas a las "parejas integradas por un hombre y una mujer" en las
que concurra un patología de infertilidad. Quedarían excluidas de acceso a las
TRA (con cargo a la red sanitaria de utilización pública) las parejas de lesbianas,
mujeres heterosexuales sin pareja y quienes previamente se hubieran sometido a
una esterilización voluntaria.
Reacciones
de protesta
Son muchos quienes han percibido en
esta disposición una ataque del Partido Popular contra los modelos de familia
que no se ajusten al que ellos promulgan. Sin embargo, resulta llamativo que
este mismo protocolo se esté ya aplicando desde 2011 en la sanidad catalana sin
suscitar polémicas, mientras que la sola filtración de un borrador a nivel
estatal ha desencadenado críticas
feroces contra el ministerio de Ana Mato con acusaciones del tipo “el PP quiere
obligar a las lesbianas a que
mantengan relaciones sexuales con hombres si quieren concebir o a las mujeres heterosexuales
con deseo de fundar una familia monoparental a que busquen pareja si quieren ser madres”.
Mientras tanto, fuentes del
Ministerio de Sanidad niegan motivos ideológicos y consideran la medida como una
nueva “priorización” para atender a “criterios estrictamente terapéuticos”.
Que decía
hasta ahora la ley sobre las TRA
La normativa aun vigente, establece
que la sanidad pública financiará
las TRA cuando haya un diagnóstico de
esterilidad o una indicación clínica
establecida. Es este segundo criterio el que ha servido a algunas
comunidades autónomas (Andalucía, País Vasco, Baleares y ciertos hospitales de
Madrid) para atender la demanda de TRA por parte de mujeres solas o parejas de
lesbianas que no cumplieran el requisito de padecer patología de esterilidad.
Un
protocolo que agradará a los más conservadores
Es de todos conocida que la derecha
promulga como único y natural el
modelo de familia cristiana-católica
que defienden con tanta vehemencia como la que muestra contra el aborto o los
matrimonios entre personas del mismo sexo.
También es un hecho que, en menos de
dos años y al amparo de una mayoría absoluta, los populares están imponiendo –a
fuerza de decretos– su ideología (enseñanza de religión, privatización de la
sanidad) y un modelo socioeconómico de sesgo católico y neoliberal.
Sin embargo, y muy a pesar de que
ideológicamente beneficie a la derecha, el nuevo protocolo de las TRA debería ser
contemplado de en todos sus matices.
No son sólo motivos
ideológicos.
Partamos de que éste nuevo protocolo
no niega a ninguna mujer su derecho a acceder a las técnicas de reproducción asistida (faltaría mas)
sino sólo restringe su gratuidad para aquellas que estén enfermas, es decir,
que sean estériles.
Por ello, independientemente de que
esta medida beneficie a los idearios más conservadores, y habida cuenta de la
precaria situación socioeconómica que atravesamos, deberíamos valorar este tema
mas como una cuestión social y no sólo desde una perspectiva ideológica.
El sistema
nacional de salud nunca lo ha cubierto “todo”
Ni las intervenciones con láser para
corregir la agudeza visual, ni la ortodoncia, ni los empastes dentales, ni
determinadas intervenciones estéticas han sido cubiertas con cargo la seguridad
social, y la ciudadanía lo ha asumido como algo inherente al protocolo de
financiación vigente en cada momento. Es por ello que , por ejemplo, muchos ancianos
con una pensión mínima que quieran ejercer su derecho a masticar, deben pagar al dentista y al protesista.
Reflexionar si, ahora que no hay
dinero público para mantener un sistema sanitario en quiebra, es buen momento para
escandalizarse porque alguien que se esterilizó voluntariamente, cambie de opinión
al tener nueva pareja, quiera tener un hijo y pida que paguemos su tratamiento
entre todos. O también que una mujer soltera quiera tener un hijo sin relación
sexual previa, o que una pareja de lesbianas que deseen descendencia, exijan
que el sistema público de salud se haga cargo de las TRA a las que vayan a
someterse.
No es un
tema de salud sino un asunto social
Incluso añadiría que, si se decidiera
que las arcas públicas asumieran este gasto (como ahora ocurre en algunas
autonomías), nunca debería ser con cargo a los presupuestos del Ministerio de
Sanidad (o de las consejerías de sanidad autonómicas), pues estas TRA no se les
aplicaría a mujeres enfermas sino sanas y no estériles.
Debería ser la Secretaría de Estado Servicios Sociales e Igualdad quien asumiera el coste de estas intervenciones, pero en
ningún caso quitando un solo céntimo a los presupuestos de la sanidad pública.
Debería ser la Secretaría de Estado Servicios Sociales e Igualdad quien, a la hora de priorizar gastos, decidiera si se
tendría que recortar de los comedores colectivos (por ejemplo, y perdón por la
demagogia) donde acuden las madres solteras con sus hijos (es un hecho la pobreza
que nos afecta), y con el beneficio de estos recortes sufragar las TRA solicitadas por futuras madres solteras
a las que no se quiere discriminar
Seamos sensatos. Y seamos serios.
No nos abandonemos a la vehemencia
cuando se impone ser racional.
Si no hay enfermedad, las TRA son un
asunto social que debería resolver el organismo público competente sin
menoscabo de los presupuestos de la sanidad.
Reflexión
final
No es mi intención negarle a nadie ningún
derecho. Sólo cuestiono si es éste un buen momento para, con la excusa de la
necesidad de hacer recortes, dejarse manipular por quienes quieren imponer sus
ideas ultraconservadoras, o bien, para que otros exalten a la opinión pública
con demagogias y bajo el pretexto de defender a ciertos colectivos.
Habría que contextualizar las
reivindicaciones y ponerlas en sintonía con la realidad socioeconómica,
considerar que la administración pública no es una ONG con una ubres pletóricas y
siempre dispuestas a satisfacer lo que pidan todos y en todo momento.
Colofón
Soy consciente de que mi opinión suscitará
polémica, y lo asumo. La he elaborado tras una meditada reflexión tal y como en
su día hice al pronunciarme a favor del matrimonio homosexual o también cuando defendí
la legislación que en 2006 o me permitió ser unos de los primeros médicos españoles que emitió
un certificado con el diagnóstico de disforia
de género (transexualidad) y permitió a uno de mis pacientes llevar formalizar
los trámites administrativos de cambio de identidad así como los protocolos
médicos de reasignación de sexo.
Alberto
Soler Montagud
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